08.04.12
La pequeña localidad tarraconense de Rasquera celebrará el próximo martes la votación más mediática de su historia. Cerca de ochocientos habitantes del pueblo están llamados a las urnas para decidir en referéndum si quieren o no que el consistorio ceda unos terrenos para que una asociación cannábica instale una plantación de marihuana, destinada al autoconsumo de sus socios. La iniciativa ha despertado una fuerte polémica, ha divido al municipio y está siendo mirada con lupa por la fiscalía, la Abogacía del Estado, la Delegación del Gobierno en Cataluña y el delegado del Ejecutivo para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, que podría impugnar la decisión última del consistorio.
Al margen de los debates jurídicos y económicos, subyace una vieja aspiración de los colectivos antiabolicionistas, que llevan años reclamando una regularización de la 'hierba'. «Creo que estamos dando los primeros pasos hacia la legalización del cannabis en España», afirman desde la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), la entidad que pagará 1,3 millones en dos años por alquilar siete hectáreas, donde levantará un huerto de 2.000 metros cuadrados que abastecerá el suministro de sus 5.000 socios.
«Creemos que la justicia nos dará el aval, porque la Fiscalía ha dicho que el cultivo colectivo no es delito», añaden. «Nuestros servicios jurídicos nos dicen que la clave es garantizar que lo que se cultiva no pase a terceros. Que no haya venta ilícita. Y eso está garantizado en Rasquera», aseguran. Sus fuentes jurídicas les garantizan que la única conducta que no está castigada penalmente es la del cultivo para autoconsumo, y que un huerto colectivo puede defenderse desde el punto de vista del consumo compartido. Frente a sus informes, está el Código Penal, que deja claro que el cultivo de droga es ilícito. «No se puede llamar privado al consumo de miles de personas y decir que no hay afán de lucro cuando se paga más de un millón de euros en dos años por el alquiler de los terrenos», dijo recientemente el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Este es el principal argumento de la oposición en el pueblo (abanderada por CiU), que ha acusado al consistorio de inflar el censo con forasteros y que critica que la pregunta que deberán responder los ciudadanos en la consulta popular es «¿Estáis de acuerdo con el plan anticrisis aprobado por el Ayuntamiento de Rasquera en sesión plenaria del 29 de febrero?», y no «¿Queréis que el plan anticrisis 2012 se financie con el cultivo de una droga ilegal?».
Oxígeno económico
«Se habla de un macro proyecto de marihuana, pero lo que tenemos aquí es un macro proyecto de democracia real», afirma Bernat Pellisa, el alcalde de Rasquera, que gobierna con mayoría absoluta y que renunció a su militancia en ERC para que el asunto de la plantación no se mezclara con las siglas políticas. Pellisa, que asegura que el proyecto sacará del atolladero económico al pueblo y creará 40 empleos, ya ha anunciado que si la ciudadanía no respalda la plantación (necesita un apoyo mínimo del 75% para salir adelante) cogerá sus cosas y dejará la alcaldía.
«Estamos en una situación económica crítica», afirma. Y es que el cultivo de almendros, olivos, cerezos y melocotoneros, principal medio de vida de los rasqueranos, no da más de sí. De ahí que la 'maría' sea hoy por hoy una posible tabla de salvación para los habitantes y sobre todo para el ayuntamiento, que ya tiene sobre la mesa la oferta de otra asociación cannábica para levantar una plantación similar, y que ha registrado la marca Rasquera porque ya podido comprobar que la mercadotecnia con la hoja verde unida al nombre del pueblo hace furor en Internet.
En caso de que la población de la ribera del Ebro, conocida hasta ahora por su castillo medieval, por sus cabras de raza autóctona y por una pinturas prehistóricas declaradas Patrimonio de la Humanidad, diga no al proyecto, la ABCDA deberá activar un plan B.
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